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En la madrugada de ayer, la Policía Nacional cayó con todo en Manchay, al este de Lima, para desarticular una mafia dedicada al lucrativo negocio ilegal del tráfico de tierras, una actividad que se lleva a cabo en decenas de lugares del país al amparo del inocente deseo de mucha gente de tener un lugar donde vivir, sin imaginar que está siendo presa de organizaciones criminales, una de las cuales hace poco amenazó de muerte al presidente del Poder Judicial.

Días atrás, el diario El Comercio denunció en una nota lo que ocurre en los arenales ubicados al este de las playas de Punta Hermosa, al sur de Lima, en la cual el alcalde distrital admitió que no puede entrar a la zona por temor a lo que le pueda suceder. El gran problema es que en esa y en otras zonas hay denuncias de que, aparte de la ocupación ilegal de tierras, allí rigen las “leyes” que imponen “dirigentes” de dudosos antecedentes.

En el caso de Manchay, donde la Policía ha actuado contra la organización denominada “Los secos del sur”, se ha informado que los “dirigentes” cobraban 100 soles mensuales a cada familia. Aparte de eso, la gente de allí era extorsionada y obligada a pagar por el concepto de “seguridad”. También se han denunciado secuestros, violaciones y demás delitos en ese lugar, que en la práctica era una “zona liberada”. Si esto pasa en Lima, habría que ver lo que ocurre en provincias.

En la costa norte, el tráfico de tierras es un lamentable y agrio pan de cada día. No olvidemos que hace poco una banda asentada en Lambayeque amenazó nada menos que al titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, tras recorrer la zona tomada por esas personas. Se trata, sin duda, de gente peligrosa que no tendría reparos en “sacar del camino” a quien ponga en riesgo su ilegal negocio que, como vemos, mueve millones de soles.

En el país ya padecemos bastante con la delincuencia en las calles como para tener ahora “enclaves” tomados por bandas que se dedican a cometer delitos ante la ausencia de las autoridades. Bien que la Policía haya caído en Manchay, y es de esperarse que el Ministerio Público haga bien su trabajo y no veamos a los responsables afrontando sus procesos “en libertad”, pues si hablamos de gente peligrosa, podría haber lamentables represalias.