Resulta sorprendente que, llegado el sábado, el conteo oficial de votos siga inconcluso. Hace apenas cinco años, para el jueves posterior a los comicios, el escrutinio ya había terminado. Esta vez, la demora no solo prolonga el desenlace, sino que erosiona la confianza en el proceso y amplifica la incertidumbre en un país que difícilmente puede permitírsela.

La gestión electoral deja mucho que desear. La falta de material en mesas ubicadas en Lima —no en zonas remotas— obligó a extender la votación un día más, afectando a unos 53 000 electores. Puede parecer marginal frente al padrón total, pero en el Perú reciente los márgenes son todo menos holgados: las dos últimas segundas vueltas se definieron por menos de 40 000 votos. En ese contexto, los errores logísticos no son anecdóticos; son potencialmente decisivos.

El escenario político tampoco ofrece consuelo. Keiko Fujimori vuelve a una segunda vuelta, la cuarta en su trayectoria, confirmando tanto su resiliencia como la incapacidad del sistema para generar alternativas claras. Los posibles rivales evocan elecciones pasadas: ecos de 2021 o incluso de 2016. Mientras tanto, los resultados ajustados y las actas impugnadas trasladan el foco al Jurado Nacional de Elecciones, que tendrá la última palabra en medio de una creciente tensión.

La fotografía que deja esta elección es familiar: un país fragmentado, desconfiado y polarizado. Aunque la reducción de bancadas en el Congreso podría sugerir una gobernabilidad menos caótica, ello dependerá menos de la aritmética parlamentaria y más de la calidad del liderazgo político.

El problema de fondo no es solo quién gana, sino cómo se llega a ese resultado. Cuando la administración electoral falla y la política ofrece más repetición que renovación, la democracia no colapsa, pero se desgasta. Y, en el Perú, ese desgaste empieza a parecer peligrosamente crónico.