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Diversos gobiernos municipales que se estrenaron el 1 de enero, en su primera sesión de concejo, reajustaron el sueldo del alcalde y dietas de los regidores. Tal decisión no fue criticada por la ciudadanía, en momentos que la clase política pasa una de sus peores crisis por la infinidad de casos de corrupción que implica a buen número de ellos e, incluso, varios enfrentan problemas con la justicia.

A diario se informa de sentencias disponiendo que exautoridades ediles (como también regionales), y que también están en ejercicio, cumplan prisión tras ser halladas responsables de diferentes delitos como: colusión, peculado, negociación incompatible, entre otros.

Sobre el aumento de pagos a dichas autoridades locales, el Ministerio de Economía y Finanzas se pronunció, y precisó que eso no se encuentra previsto y solo se aprueba mediante Decreto Supremo, dejando sin efecto tales reajustes, con lo cual se aclara la controversia.

Alcaldes y regidores, así como gobernadores y consejeros, son los primeros llamados a cumplir una gestión honesta y transparente para cambiar la percepción negativa que tiene la colectividad sobre los políticos y, en especial, cambiar ese dicho “Que robe, pero que haga obra”.

Por eso, es importante destacar la reciente firma del Pacto de lucha contra la corrupción, promovido por el burgomaestre de Lima, Jorge Muñoz, y respaldado por 38 autoridades de distritos, para recuperar la confianza.

Que los ocho puntos del pacto se cumplan y no caigan en saco rato, en especial, por la ausencia de transparencia y honradez de algunos gobernantes.