La inversión en infraestructura mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) ha permitido ejecutar proyectos relevantes en distintos sectores del país. No obstante, la sostenibilidad de este modelo requiere reforzar los principios de transparencia, predictibilidad y control en su implementación, tanto desde el sector público como del privado.

Uno de los mecanismos más utilizados durante la etapa de ejecución de los contratos APP son las adendas. Estas modificaciones contractuales pueden ser solicitadas por cualquiera de las partes, aunque en la práctica provienen mayormente del concesionario. El marco legal establece que las adendas no deben alterar los factores de competencia que sirvieron como base para la adjudicación del contrato.

A lo largo del tiempo, la experiencia acumulada por actores especializados —incluyendo firmas legales y técnicas— ha derivado en una alta sofisticación contractual. Esto ha generado marcos complejos en los que las adendas, aunque formales y legales, deben ser evaluadas con criterios técnicos rigurosos para determinar su impacto real en el equilibrio económico-financiero pero especialmente, en el interés público.

Cabe señalar que algunos de los principales casos de corrupción en el país, como los vinculados al caso Lava Jato, se originaron en concesiones APP.

El análisis caso por caso de las adendas, su trazabilidad y la publicación oportuna de información son elementos clave para mejorar la gobernanza de las APP. Una revisión técnica de los contratos vigentes y el diseño de nuevos modelos con mejores estándares contribuirán a mejorar la eficiencia y la confianza en este esquema de inversión.