La situación de normalidad se verá alterada por el paro de transporte anunciado para el 27 de junio. Los promotores le han indicado al Gobierno que, si no se cumplen sus demandas, a Lima ese día no entrará ni un solo alimento.

La coyuntura es más tensa por varias razones, la primera es que para los transportistas, las promesas del Gobierno en cuanto a la estabilización de los precios no se cumplieron desde abril (cuando fueron anunciadas); si bien brindaron ingentes recursos (como el fondo de estabilización del precio de los hidrocarburos), la cantidad de intermediarios impidió que estos recursos alivien de forma más directa a los consumidores finales.

Así mismo, los precios no dejaron de aumentar; EE.UU. no logró convencer a los principales productores de petróleo agrupados en la OPEP, que abran el grifo y dejen fluir el preciado líquido negro y por el contrario con los precios disparados, a países como Arabia Saudita se les apareció la ‘virgen’ cuando necesitaban inyectar recursos a su alicaída economía.

Esta situación podría prolongarse por más tiempo —a ello apuntan las medidas de la OPEP— e impactar directamente en el precio de los alimentos, ya no solo por el aumento del combustible, también por el paro si se extiende en el tiempo. A esta situación hay que sumarle el plazo que tomará rehacer la licitación de la compra de la urea (fertilizante) y que puede traer serias consecuencias por su déficit, en una menor productividad del agro nacional para la segunda parte del año.

Lo más complicado es que el margen de maniobra del Gobierno no es amplio y por más que muestren buena voluntad, lo cierto es que los recursos son escasos, por eso se necesita integrar al gabinete y a la brevedad posible, técnicos que brinden creatividad y experiencia para evitar que los más vulnerables sufran las consecuencias más duras de la difícil situación que atravesamos.