Si Fuerza Popular quiere marcar clara distancia de sus cuestionadas congresistas Marita Herrera y Yesenia Ponce, una acusada de viajar a Ecuador mientras supuestamente estaba en semana de representación en Amazonas y la otra de comprar certificados de estudios escolares, respectivamente, debería permitir una detallada investigación y aplicarles, si es necesario, todo el peso de la ley y de los reglamentos de la propia agrupación “naranja”.

El caso denunciado el domingo pasado por Correo, que involucra a la congresista Herrera, tiene un antecedente: el del exlegislador José Anaya, conocido como el “Comepollo”, a quien se expulsó del Congreso y se condenó a cinco años de prisión efectiva por adulterar boletas por alimentación. Ahora tenemos a una congresista que dijo estar en Amazonas con viáticos del Estado, cuando según su reporte migratorio se hallaba fuera del país.

De igual forma está la fujimorista Yesenia Ponce, cuyo caso ya pasó por la Comisión de Ética, donde fue escandalosamente blindada. Ahora se ha mostrado un indicio de que habría pagado al director de un colegio para que le emita unos certificados “bamba” de haber concluido estudios de secundaria. La ley no exige estudios de ningún tipo a los legisladores, pero es delito consignar falsedades en sus respectivas hojas de vida. Una vergüenza.

Muchos congresistas, entre ellos los del fujimorismo, han dicho que las denuncias son graves, que no blindarán a nadie y todo lo demás que se suele decir en estos casos. Sin embargo, lo importante es ver si esa “indignación” se traduce en sanciones que sirvan de lección a quienes pretenden burlarse de los peruanos y al mismo tiempo contribuyen a desprestigiar aún más a un Congreso que desde hace tiempo deja mucho que desear.

En la última campaña electoral, el fujimorismo se empeñó en desmarcarse de la corrupción del pasado. Bueno pues, están ante una excelente oportunidad de demostrarle a los peruanos que no van a permitir el dolo, las inconductas y malas artes dentro de sus filas. De otro lado, bien harían las autoridades electorales en poner más celo para evitar situaciones bochornosas como las de aquellos “doctores” que llegan al Legislativo mintiendo, pues no han acabado ni la secundaria.