Con la infeliz postura de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, a favor de una propuesta del Congreso de imponer a los medios televisivos y radiales privados una cuota de contenidos “culturales” y “nacionales”, queda claro que el problema de la prensa no está solo en el Poder Legislativo donde circulan proyectos que buscan controlarla, sino también en el Poder Ejecutivo de Dina Boluarte y Alberto Otárola, pues considera que normas propias de dictaduras son válidas en un país que se considera democrático.

La propuesta en mención trata de imponer bajo amenaza del retiro de sus respectivas licencias, contenidos que el Estado considera que deben ser mostrados a las audiencias de medios privados. Si eso no es una forma de manejar la pauta de la radio y la televisión no públicas, ¿entonces que es? Lo grave es que esta arbitrariedad solo podría ser una puerta de entrada para que más tarde el gobierno de turno obligue a difundir lo que quiera, de acuerdo a sus conveniencias.

El problema comenzó en el Congreso, donde diferentes bancadas están impulsando el incremento de la pena de cárcel por delitos contra el honor, y la colegiatura obligatoria para ejercer como periodistas, lo que limita la libertad de expresión. Más tarde vino este intento por obligar a los medios a mostrar cuotas de determinado contenido. Parecía cosa del Legislativo, pero ahora, por lo señalado por la ministra Urteaga en RPP, sabemos que el Poder Ejecutivo también está interesado en meter la mano donde no debería.

La presidenta Boluarte y el premier Otárola deberían aclarar lo antes posible si lo señalado por la ministra Urteaga es una postura del Poder Ejecutivo, personal –aunque difícil de pensarlo en vista que un titular de sector siempre habla a nombre del gobierno al que pertenece–, o si lo sucedido ha sido una metida de pata propia de una funcionaria novata que no ha medido el alcance de sus palabras ni del disparate con el que afirma estar de acuerdo.

En ninguna democracia, el Estado debe meter la mano en contenidos de los medios privados con el cuento de que así se les pone “al servicio del pueblo”. Eso ocurre hoy en Venezuela y Cuba, y sucedió acá también en los años 70 durante la dictadura del general Juan Velasco, cuando la radio, la televisión y la prensa escrita estuvieron de rodillas ante el régimen que solo permitía que se difunda lo que quería, y no lo realmente importante para el país. Inaceptable que estemos a punto de volver a los tiempos de las cavernas.