El crimen perpetrado en Trujillo no puede ser entendido como un episodio más de la inseguridad que golpea al país. Es una señal brutal de la escalada del crimen organizado y, sobre todo, una advertencia sobre hasta dónde puede avanzar cuando el Estado pierde capacidad para imponer autoridad.

No llegamos aquí de un día para otro. La informalidad, la debilidad institucional, la corrupción y una justicia que demasiadas veces llega tarde —o simplemente no llega— construyeron durante años el terreno fértil para que organizaciones criminales echaran raíces.

La anomia que vivimos desde hace años nos juega en contra. Nos hemos acostumbrado peligrosamente a convivir con lo inaceptable: cobros de cupos, sicariato, explosivos, amenazas y asesinatos convertidos en parte de las noticias cotidianas. Pero lo ocurrido en Trujillo no puede incorporarse también al inventario de aquello que indignó al país durante unos días y luego olvidamos.

Trujillo exige un punto de quiebre. Y exige medidas concretas y mano dura. Mano dura no significa extremismo ni autoritarismo. Tampoco significa otorgarle al Estado licencia para actuar fuera de la ley. Significa decisiones firmes, inteligencia policial, investigación criminal, control efectivo de las cárceles, persecución del dinero ilícito, fiscales especializados, jueces que resuelvan oportunamente y policías respaldados para enfrentar organizaciones que funcionan como verdaderas empresas criminales.

También significa recuperar territorio. Allí donde el Estado retrocede, el crimen ocupa su lugar, establece reglas, cobra impuestos mediante extorsiones y administra el miedo.

El peruano de a pie no puede aceptar que vivir con miedo sea la nueva normalidad. Y el Estado no puede pedirle que se acostumbre.

Trujillo debe marcar un límite. La democracia también se defiende ejerciendo autoridad. Y hoy el Perú necesita ejercerla.

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