Un año de la emergencia

Hace un año, el 16 de marzo, se decretó el estado de emergencia sanitaria en el país por el COVID-19. En el mundo se han reportado 120 millones de contagiados y 2 millones 660 mil fallecidos. Si bien el COVID-19 no tiene la letalidad de otras pandemias (la Gripe Española ocasionó la muerte de 40 millones hace un siglo), la situación no deja de ser dura.

En el Perú estamos próximos al millón y medio de infectados y 49 mil muertes, según el MINSA. Superamos ya los 120 mil, según Sinadef. Para la región de Puno, la DIRESA informa de 43 mil infectados y cerca de mil 400 muertes.

El PBI del Perú ha caído 12% en 2020. Se han perdido 2.9 millones de puestos de trabajo, cayendo 21.7% el empleo urbano y 0.7% el rural (BCR). Es una de las mayores crisis económicas de nuestra historia.

Esta pandemia ha evidenciado la necesidad de hacer cambios sustanciales, desde la necesidad de construir ciudadanía para lograr una actuación conjunta, respetando normas elementales, uso de mascarillas, distanciamiento físico, y ejerciendo derechos y respetando obligaciones solidariamente, sin dejarnos avasallar por el egoísmo individualista.

Frente a las graves limitaciones del sistema nacional de salud, falta de oxígeno y débil nivel primario de atención, el Ejecutivo no ha “dispuesto la utilización de todos los recursos médicos asistenciales…, públicos y privados”, para enfrentar la pandemia como lo dispone el artículo 82 de la Ley General de Salud.

La ceguera política e ideológica han hecho que el Estado no cumpla sus funciones y se permita, en medio de una grave pandemia, seguir lucrando con la salud y la vida de las personas. Este gobierno, como los anteriores, han dejado de lado a la gente y sus necesidades. Es lo que tiene que cambiar.