Opinión

Un caso para la indignación

preguntarse para qué sirven tantas marchas, campañas, pronunciamientos y demás acciones

15 de Diciembre del 2018 - 06:00 IVÁN SLOCOVICH PARDO

Las cosas tienen que estar muy mal en nuestro sistema judicial como para que el mediático, escandaloso e indignante caso de la brutal agresión de Adriano Pozo Arias contra Arlette Contreras, cometida en julio del 2015, esté hoy en fojas cero luego de que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte dejara sin efecto, con muy buen tino, la absolución que dio al agresor una sala penal de la región Ayacucho.

Si la justicia no ha sido capaz hasta ahora de meter preso a un sujeto al que el mundo entero, literalmente, ha visto agrediendo a una mujer, qué podemos esperar de otras situaciones similares que no quedan registradas en video o que no han sido objeto de movilizaciones de repudio. Tengamos en cuenta que este tipo de conductas están muy bien tipificadas como un grave delito penal, que solo los jueces ayacuchanos no fueron capaces de ver.

Lo lamentable es que con el necesario nuevo juicio contra el agresor Pozo Arias, la víctima, en este caso Arlette Contreras, tendrá que pasar nuevamente por el duro trance del proceso, cuando el caso debió estar resuelto hace varios años con una sentencia condenatoria en contra del sujeto que no tiene el menor atenuante, pues ahí están los videos del horror. Así camina la justicia en el Perú; así actúan los jueces de este país.

Con hechos como este, en que la justicia no logra aplicar sanción en un caso flagrante cometido hace tres años y medio, cabría preguntarse para qué sirven tantas marchas, campañas, pronunciamientos y demás acciones que se emprenden a fin de evitar el maltrato contra las mujeres. Sería bueno preguntarnos también si vale la pena que las afectadas denuncien si es que al final van a aparecer unos jueces de por ahí que aplicarán las leyes en favor de quienes deberían estar presos.

El dolor y la frustración de Arlette son de todos los peruanos, a excepción de los jueces que no aplican justicia, quienes se han puesto en la otra acera. Este caso pinta a la justicia de cuerpo entero y explica la necesidad de un cambio radical, para tener magistrados debidamente capacitados, con sentido común y que trabajen en defensa de las personas y de la sociedad. Sería bueno saber, de otro lado, si los jueces ayacuchanos que salvaron a Pozo Arias siguen administrando justicia.

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