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Desde provincia, es fácil exigirle al Gobierno Central una mejor descentralización de los recursos económicos y pedirle más facultades administrativas. Sin embargo, es difícil reconocer que algunos entes públicos no funcionan, como los llamados consejos regionales, y que en la regionalización es huérfano el poder ciudadano.

Los consejeros regionales representan a los pobladores de cada provincia y tienen las mismas prerrogativas que los regidores: fiscalizan y emiten normas, como un pequeño Congreso de la República. No obstante, en los más de 15 años de existencia de los gobiernos regionales, estos grupos pasan desapercibidos.

Miren que tenemos consejeros regionales de capitales de provincia en el norte del país: Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo y Huaraz. Pregunto: ¿no hay una duplicidad de funciones con el concejo provincial?, ¿estas personas cuidan los intereses de la ciudad al igual que un alcalde o un concejal?, ¿de qué se les puede responsabilizar?

Al ser las capitales de provincia las más desarrolladas de las regiones, por lo general los gobernadores suelen llevar el presupuesto a las zonas donde más lo necesitan -y menos los fiscalizan-. Entonces, tenemos a un consejero de adorno -por así decirlo-, porque la regionalización sigue en proceso.

En otros casos, existen consejeros regionales que no viven en la provincia que representan, lo que resulta paradójico para el cargo que fueron elegidos. ¿No sería mejor que estas autoridades estén en contacto con la realidad de estos pueblos para así llevar la problemática a las sesiones?

Para colmo, la producción de ordenanzas regionales es muy pobre, y la poca que hay no es muy provechosa. Sin embargo, los consejeros siguen cobrando dieta, porque así son las reglas de juego, como aquellos infértiles parlamentarios que van a calentar asiento y solo se les reconoce cuando son partícipes de algún mamarracho.