El gobierno de José María Balcázar y el Congreso están atentando contra el equilibrio fiscal, pese a todas las advertencias. Hace poco se supo que el Gobierno inyectará más de 2 ml millones de dólares a Petro-Perú, pese a que hay un decreto que dispone su reorganización.

En paralelo, sólo en marzo el Parlamento aprobó siete normas que incrementan el gasto, trasladando una pesada carga a la caja fiscal sin garantizar su financiamiento. Más de 11,400 millones de soles deberán ser cubiertos para cumplir con lo aprobado, según el Consejo Fiscal.

El problema no es únicamente el volumen de recursos comprometidos, sino la lógica que parece guiar estas decisiones. Se trata de medidas que responden más a la urgencia política que a una planificación responsable.

Lo preocupante es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo parecen haber cedido ante la tentación del populismo. En lugar de asumir el costo de decisiones difíciles pero necesarias, han optado por el camino más sencillo: ofrecer beneficios inmediatos sin un sustento claro. Esta dinámica no solo compromete las finanzas actuales, sino que traslada el problema a las próximas administraciones, que deberán enfrentar las consecuencias de decisiones tomadas sin una visión de largo plazo.

El riesgo es evidente. Ante la falta de recursos, el Estado podría verse obligado a recurrir a fondos de reserva o a incrementar el endeudamiento público, debilitando aún más la posición fiscal del país. Al final, el costo no será abstracto ni lejano: recaerá directamente en los ciudadanos.