Todo el desmadre salido a la luz en las últimas horas dentro de un caso emblemático de corrupción como el llamado “Los cuellos blancos del puerto”, será sin duda una sombra y generará grandes dificultades para el objetivo final, que supuestamente era llegar al fondo de la verdad y sancionar a los jueces, fiscales y miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que se voltearon a la legalidad y buscaron su propio beneficio.

El ya conocido pleito entre las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, así como la reunión “informal” con el entonces presidente Martín Vizcarra en un departamento de San Isidro, supuestamente para ver la “seguridad” de ambas magistradas, es un duro golpe a la investigación que sin duda debe ser celebrado por todos los implicados, que ahora tendrán de dónde agarrarse para desvirtuar todo el proceso que se inició a mediados del año 2018.

Por ejemplo, el ex vocal supremo César Hinostroza, uno de los principales implicados, se encuentra aún en España tratando de no ser extraditado. Como el hombre se las sabe todas, con seguridad apelará a la “politización” de su caso a fin de evitar que lo traigan enmarrocado y lo encierren en Piedras Gordas o Castro Castro. Con todo esto han dado armas a los sindicados para cuestionar la investigación. El mal manejo del proceso les ha otorgado argumentos para ese fin.

Ayer se ha conocido la remoción de ambas magistradas y seguro habrá más comunicados, reasignaciones y demás. Se tomarán medidas correctivas, aunque seguramente tardías. Sin embargo, lo cierto es que el caso en sí ha sido afectado, para felicidad de los investigados que deben estar celebrando, mientras el peruano de a pie mastica su indignación luego que le ofrecieron que las cosas se harían bien y que no habría impunidad.

Y mientras tanto, habría que ver qué otras acciones toma la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, muy dada a dejar hacer y dejar pasar. Ella es una de las responsables de esta situación que sin duda echa un balde de lodo a la limpieza y la imparcialidad que, en teoría, el Ministerio Público debería mostrar en todas sus investigaciones, más aún cuando estamos frente a un caso emblemático que supuestamente marcaba un antes y un después en la nefasta historia de la corrupción en el sufrido Perú.