Como si no fueran suficientes las crisis que, por llamarlo de alguna manera, el país adolece de manera natural, las autoridades se empecinan en crear otras como la escasez de placas para motos y trimotos.

La decisión de cambiar el diseño, el tamaño y hasta incorporar chips a las placas podía tener sentido frente a la ola de sicariato y robos en moto. Pero el Estado nunca garantizó que el sistema estuviera listo: el Congreso dio la norma, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones la reglamentó, se dictaron plazos sin coordinar con Registros Públicos, se exigieron placas nuevas mientras seguían generándose códigos antiguos y se dejó a miles de compradores con motos que no pueden circular, atrapados entre concesionarias y oficinas públicas que solo ofrecen excusas.

Cuando la realidad estalló, la respuesta fue improvisar una suspensión parcial, alterar otra vez el diseño y reconocer, sin decirlo, que el propio Estado creó el desabastecimiento de placas. Se legisla como si bastara publicar una norma en El Peruano para que la logística, la tecnología y las entidades se alineen por arte de magia. Nadie asume el costo de haber empujado a la informalidad a quienes compraron una moto para trabajar y hoy se arriesgan a la multa o decomiso si salen a la calle, otro ejemplo más de un país donde la ley castiga más a quien cumple que a quien delinque.