El Congreso de la República vuelve a estar en el centro de la controversia, esta vez por una denuncia de violencia sexual contra el congresista José Jerí. Aunque el parlamentario ha rechazado categóricamente la acusación, su partido, Somos Perú, ha tomado una decisión prudente al suspender su militancia, mientras que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha intervenido para garantizar apoyo a la víctima.

Este caso, ocurrido en una reunión de fin de año en Huaral, agrava la ya deteriorada imagen del Parlamento. No es un hecho aislado; hace apenas medio año, el Poder Judicial sentenció a 13 años de prisión al congresista Fredy Díaz por violar a una trabajadora en las instalaciones del Congreso.

La gravedad de esta nueva denuncia exige una investigación exhaustiva, imparcial y rápida por parte del Ministerio Público. Es fundamental que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables con todo el peso de la ley si se comprueba su culpabilidad. La impunidad no puede tener cabida en un órgano que debería ser ejemplo de ética y compromiso con el bienestar del país.

El Parlamento atraviesa una crisis de credibilidad sin precedentes, y cada nuevo escándalo lo hunde más en el descrédito. Cuando los peruanos no salíamos de nuestro asombro por la presunta red de prostitución, aparece esta denuncia de violación. Es momento de que el Congreso tome medidas firmes para erradicar las conductas delictivas dentro de sus filas.