Un filtro que debió aplicarse siempre

El Perú es uno de los países, donde el terrorismo de Sendero Luminoso (SL) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) dejó muerte y daño durante casi tres décadas. Quienes son simpatizantes de este accionar sangriento se han reunido en grupos de fachada, y mantienen ideales violentistas y los peruanos demócratas la rechazan.

Varios terroristas que purgaron prisión cumpliendo una sentencia han recuperado su libertad y la mayoría mantiene ese pensamiento errado que los llevó a cometer atrocidades en varios pueblos del país, situación que es un riesgo para la seguridad de todos.

Hoy se habla de infiltrados en la protesta docente y se considera entre estos a los sentenciados por terrorismo que, habiendo logrado integrarse al gremio magisterial, incumpliendo la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial, que en su artículo 52 señala que el profesional de la educación, condenado por delito de terrorismo, entre otros, queda impedido de ejercer el servicio educativo público en el sector educación. La norma no la aplicaron y ahora un buen número de violentistas están en la protesta que afecta a más de 3 millones 500 mil niños en el país, cosa que se debió evitar.

Por eso, merece destacar el convenio suscrito entre el Ministerio de Educación (Minedu) y el Poder Judicial, para que el primero a través de sus Direcciones Regionales tenga acceso al registro de docentes con sentencia y, asimismo, podrá inhabilitarlos de por vida para ejercer la educación pública y privada en el Perú. El terrorismo no puede volver y hay que cortarlo de raíz.