El paro de transportistas y otros gremios, que se extendió ayer por Lima y varias ciudades del país, fue un golpe de realidad para la presidenta Dina Boluarte, quien apenas un día antes había minimizado las protestas y hasta las había descalificado como meramente políticas. La magnitud de la paralización de actividades, con el transporte, mercados y comercios afectados, respaldada por un gran sector de la ciudadanía, forzó a la presidenta a retractarse. “Hoy que varios hermanos y hermanas acatan una paralización, nos solidarizamos con su preocupación. No cesaremos en la tarea de combatir a la delincuencia”, declaró Boluarte, en un cambio de tono.

Sin embargo, estas palabras deben traducirse en acciones concretas. Las promesas vacías no pueden seguir siendo la estrategia de supervivencia del actual gobierno. Los peruanos están al límite, agotados por la creciente ola de delincuencia, robos, extorsiones y muertes que azotan las calles. Lo que es una tragedia humana y social para la población, parece reducirse a meras estadísticas para el Gobierno, que responde con inoperancia e indiferencia. La falta de medidas eficaces frente a esta crisis es evidente y aterradora. ¿Qué cantidad de víctimas será necesaria para que se tomen medidas reales? Solo plantear esta pregunta ya es estremecedor.

Dina Boluarte habla de unidad para superar la crisis, pero ¿cómo se puede esperar que los empresarios, emprendedores y la ciudadanía se comprometan con una tarea nacional cuando no se les ofrece ninguna garantía?