El Tribunal Constitucional (TC) anuló todo el proceso por lavado de activos contra el expresidente Ollanta Humala usando la misma figura que libró a la ahora jefa de Estado, Keiko Fujimori, del caso Cócteles: recibir aportes de campaña no constituía delito cuando se le imputó y, pese a ello, los fiscales José Pérez y Rafael Vela siguieron adelante.

No se puede calificar esto de error. Las fechas eran públicas, la norma era clara y los abogados defensores lo señalaron desde el inicio. Lo que hizo el Equipo Especial Lava Jato fue forzar una tipificación y procesó a personas por conductas que, en su momento, no constituían delito. Eso es una vulneración del principio de legalidad.

Seamos claros: los aportes no bancarizados, el pitufeo, los falsos aportantes son conductas repudiables. Humala y Fujimori recibieron dinero que no querían que apareciera. Eso no los hace inocentes en el sentido ético. Pero la justicia no opera con ética: opera con tipos penales.

¿Quiénes ganan aquí? Si bien el equipo especial tuvo aciertos, el daño a la lucha contra la corrupción causado por la terquedad de estos fiscales es irreparable y tiene un costo de más de tres millones de soles en gastos operativos, como afirmó el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. ¿Y todo para qué? Para construir casos que el TC derrumba con el mismo argumento dos veces seguidas.