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Es difícil entender el criterio jurídico usado por el titular del 7°Juzgado Penal de Reos Libres de Lima, William Lugo Villafana, para condenar a 20 meses de prisión suspendida y al pago de 100 mil soles al periodista Fernando Valencia por publicar en la portada del diario que dirigía en el año 2013, unas declaraciones públicas del presidente Ollanta Humala que el líder aprista Alan García consideró que afectaban su honor.

No conozco al colega Valencia y puedo tener discrepancias con la forma en que ejerció su labor en Diario 16, tal como él seguramente las tiene respecto a Correo. Mis razones tendré, y él las suyas. Sin embargo, eso no quita que me parezca un exceso que se condene a un periodista por transcribir, con comillas de por medio, las declaraciones de un tercero que no es nada menos que el presidente del país criticando un régimen anterior.

Hay que tener en cuenta que tal como lo ha argumentado la defensa legal de Valencia, las declaraciones del presidente Humala fueron replicadas por otros medios a los que no se ha querellado. Para tal caso, si alguien tendría que responder por estas expresiones que el exmandatario Alan García considera agraviantes, tendría que ser el jefe del Estado y no el periodista que cumplió con difundirlas por ser de interés público.

Dejo claro que no considero a los periodistas como “ciudadanos privilegiados” que pueden estar por encima de las leyes y la justicia. En lo absoluto. Si uno mete la pata, tiene que asumir las consecuencias. Pero en el caso de Valencia, llama la atención que se dé una condena de esta naturaleza. Hay que tener en cuenta que en un primer momento el Poder Judicial desestimó la querella porque se consideró que el denunciado no era el que había emitido las declaraciones en cuestión.

El caso ha sido apelado y habrá que esperar para ver qué dice la segunda instancia. Sin embargo, desde ya preocupa que se esté condenando a hombres de prensa por expresiones de terceros, pues parte de nuestra labor diaria es difundir dichos de otras personas que se supone, son las responsables de lo que manifiestan y de los cargos que levantan. Con esta sentencia se está sentando un precedente muy peligroso para la libertad de expresión en el Perú.