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UN JNE POLITIZADO, columna de María Isabel León

Educadora y empresaria

María León

Actualizado el 09/06/2024, 08:20 a.m.

De acuerdo a la Constitución, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene entre sus competencias fiscalizar la legalidad y realización del ejercicio del sufragio, además de administrar la justicia en material electoral. Las leyes, son prescripciones normativas emanadas del Congreso conforme a procedimiento establecido también en la Constitución. Hace algunos días, el JNE pidió públicamente al Congreso reconsiderar la aprobación de la reforma constitucional que eliminaría los movimientos regionales, aduciendo que afecta de forma “injustificada” el derecho de participación política y vulnera la Constitución.

Lo cierto es que una cosa es que el JNE tenga iniciativa para proponer leyes y otra muy distinta que pretenda enmendarle la plana al único Poder del Estado que, nos guste o no, tiene competencia para emitirlas. Si bien la Constitución señala en los incisos 13 y 17 del artículo 2 que toda persona tiene derecho a asociarse y constituir diversas formas de organizaciones jurídicas sin fines de lucro (sin autorización previa y con arreglo a ley), así como a participar de manera individual o asociada de la vida política, económica y cultural de la Nación, ello no significa que la Ley no pueda definir, por ejemplo, que los partidos políticos deban ser nacionales y no regionales o locales.

Finalmente, el acceso a la participación democrática y a la vida política bien puede ser definido y garantizado a través de partidos que miren todo el territorio nacional y que incluyan en su seno a los candidatos a autoridades regionales o locales, sin que ello signifique menoscabar el derecho de nadie a elegir y ser elegido o a “representar”.

Por ello, resulta curiosa y hasta impertinente la reacción política del JNE de emitir un comunicado rechazando el proyecto de reforma constitucional aprobado en el Congreso, que permite la reelección de alcaldes y gobernadores y a la vez, elimina los movimientos regionales. Lejos de impedir el fortalecimiento de la democracia y el respeto a la voluntad popular, lo que pareciera hacer esta iniciativa congresal es justamente fortalecer y fomentar la unidad nacional y evitar así la enormefragmentación regionalista, permitiendo desarrollar servicios públicos adecuados y obras públicas con visión de país.

UN JNE POLITIZADO, columna de María Isabel León

Educadora y empresaria

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