Una de las primeras medidas que debe adoptar el próximo Congreso bicameral, aparte de acabar con el “trabajo remoto”, tendría que ser la creación de un mecanismo reservado y eficaz para que los trabajadores del legislativo puedan denunciar ante la Oficialía Mayor, bajo responsabilidad de su titular, si es que algún senador o diputado está recortando sueldos o exigiendo “colaboraciones voluntarias” a los servidores de sus despachos.

Esto no tendría que darse en el Congreso de cualquier país serio, pues se entendería que los legisladores son personas honorables, que cuidan su prestigio y que no se les ocurría ponerse en plan de pájaros fruteros que llenan sus bolsillos robándole a sus trabajadores bajo sanción de despido. Pero lamentablemente, estamos en el Perú, y esto ha sucedido no una ni dos veces, sino al menos una docena.

Por lo que vemos en la oferta de candidatos a senadores y diputados, en Correo creemos que el próximo Poder Legislativo no será mejor que el que termina funciones en julio. Ante eso, sería mejor que desde un primer momento se tomen las medidas necesarias para que los empleados parlamentarios que sean “apretados” por sus “honorables” jefes, puedan denunciarlos en el acto, sin temor a represalias.

Esto ha debido hacerse hace mucho tiempo, pero como “otorongo no come otorongo” y es sabido que el Congreso el rabo de paja abunda, queda claro por qué no se ha hecho nada para que los ladrones de sueldos ajenos sean puestos contra la pared. Es de esperarse que desde julio haya un ápice de honestidad, y este mecanismo sea puesto en vigencia.