En las últimas semanas el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha mostrado una estrategia poco clara respecto a la continuidad de los contratos de Estado a Estado. Proyectos como Chavimochic, Majes Sihuas, el Eje Vial 4 de Amazonas, hospitales y colegios aparecen sometidos a presiones para suspenderse, renegociarse o resolverse anticipadamente, generando incertidumbre y debilitando la credibilidad internacional del Estado peruano.

Se ha señalado que algunos contratos se habrían firmado sin contar con presupuesto suficiente. De ser así, el MEF debería promover las denuncias ante las instancias competentes para determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Resulta contradictorio que, mientras se cuestionan obras en curso, desde los ministerios y ProInversión se anuncien nuevos proyectos. La pregunta es evidente: ¿con qué recursos se financiarán? Las asociaciones público-privadas también cuestan al Estado, pues implican compromisos de pago que recaen finalmente sobre el presupuesto público.

Lo preocupante es que no se escuchen propuestas de reforma tributaria para ampliar la base de contribuyentes ni anuncios claros sobre cuántas de las 229 leyes aprobadas por el Congreso entre el 2021 – 2026, han sido impugnadas ante el Tribunal Constitucional por perforar la hacienda pública. Tampoco se anuncian recortes reales del gasto corriente. En cambio, observamos a un MEF más enfocado en la construcción que en la economía.

Esta situación es especialmente delicada en un contexto de transición política. No corresponde a un gobierno de salida tomar decisiones que condicionen de manera irreversible al próximo. Frente a este escenario, sería un error “sectorizar” el problema. Gran parte de la responsabilidad recae, precisamente, en el propio MEF.