El 28 de mayo de 2026, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú adoptaron el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Posteriormente se incorporaron Paraguay y Uruguay. Es una respuesta necesaria ante una criminalidad que atraviesa fronteras mientras los Estados continúan actuando separadamente. El diagnóstico es correcto: las organizaciones criminales aprovechan las diferencias normativas, la debilidad institucional, la corrupción, las plataformas digitales, los sistemas financieros y las rutas migratorias. Frente a esa estructura transnacional, ninguna política exclusivamente nacional puede ser suficiente. El compromiso plantea cuatro áreas principales: seguridad; inteligencia financiera y tributaria; trazabilidad y control migratorio; y fiscalización fronteriza. También propone intercambio de información, coordinación técnico-operativa y acciones con resultados medibles y verificables. Su propósito no es crear otro organismo burocrático, es articular mecanismos ya existentes como la Comunidad Andina, el Mercosur y Ameripol. El 19 de agosto se constituyó formalmente el grupo de trabajo encargado de elaborar el Plan de Acción Conjunto. Es un avance, pero todavía estamos en la fase organizativa. No existen aún operaciones regionales permanentes, bases de datos plenamente interoperables, presupuesto común ni indicadores públicos que permitan saber si las redes criminales están siendo realmente debilitadas. El Perú debe asumir un papel activo. La extorsión y el sicariato no se detendrán con estados desorganizados. El Compromiso de Santiago ofrece el punto de partida. Debe ser un verdadero sistema regional contra el crimen. Y el Perú puede liderarlo.