La corrupción se lleva 10 000 millones de soles cada año, aproximadamente. Es un estimado, se calcula que se roba más. ¿Se imaginan si no hubiera control del uso de los recursos? El jefe de Estado, Pedro Castillo, ha dicho que una entidad debería fiscalizar, pero ¿acaso no sabe para qué sirve la Contraloría? No todas, pero hay algunas entidades públicas que han implementado un despacho anticorrupción, y tampoco es suficiente. Entonces, tenemos órganos de control interno a cargo de las propias entidades, de control institucional (Contraloría) y ahora el presidente propone más de lo mismo.

La cuestión no es observar cómo fuga el dinero, sino evitar que salga. La Contraloría implementó el control concurrente, que no es otra cosa que poner los ojos sobre lo que se está haciendo y advertir un posible robo. Todo estaba bien hasta que unos abogados de Arequipa decidieron ir al Tribunal Constitucional para quitarles facultades sancionadoras.

El problema es el sistema. Algunos califican de abusivo que, mediante un proceso administrativo, un funcionario pueda ser castigado para cumplir la función pública sin un proceso judicial. Entonces, los malos servidores acudían al fuero de los “hermanitos” y lograban continuar en sus labores. Así de fácil. Pareciera que este es un país diseñado para los corruptos.

Disculpen la comparación. Mientras a un ladrón de celular le envían a la cárcel, al funcionario público que hurta miles de soles de los bolsillos de los peruanos máximo lo mandan a descansar. Robarle al Estado es como quitarle una cama UCI a un paciente por COVID-19, ¿por qué este crimen se debe pagar solo con amonestaciones?

En conclusión, la corrupción en el país es considerada una criollada, una pendejada. Esto debe cambiar, pero no creando más instituciones sino teniendo un sistema más eficiente.