En mis 33 años de periodista me ha tocado cubrir, en Lima y provincias, procesos electorales de todo tipo, sean comicios generales, regionales y municipales, y hasta las inservibles consultas populares que tuvimos a finales de la década pasada. Sin embargo, jamás había visto un desmadre tan grande como el padecido ayer por los ciudadanos y por la democracia, porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no cumplió con enviar el material electoral a decenas mesas de sufragio.
¿Y por qué señalo que con este caos generado por la ONPE de Piero Corvetto se ve afectada la democracia? Porque si entendemos que un proceso electoral es apenas un medio para reflejar la voluntad del ciudadano al pie de la letra, que es la base del sistema, con lo sucedido ayer es evidente que habrá siempre una distorsión por más pequeña y hasta irrelevante que sea para el resultado final, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) extendió la elección hasta hoy.
Ni en los peores años de la barbarie terrorista, en que Sendero Luminoso llamaba a no votar y amenazaba con atacar a balazos los vehículos que movilizaban material electoral, se ha experimentado una situación como la de ayer, todo por el mal manejo de una ONPE a cargo de un personaje como Corvetto, sobre el que ya había serias dudas tras los comicios de hace cinco años. La jornada de hoy debió ser impecable para cerrarle la boca a los críticos, pero fue todo lo contrario.
Imperdonable que una mesa de Caravelí, a seis horas de la ciudad de Arequipa, haya sido la primera en abrir y atender a los ciudadanos, y que en Lima el material electoral no haya podido llegar hasta las dos de la tarde a 13 locales, y que en otras la demora haya sido de algunas horas. ¿No había plan B? ¿No se pudo movilizar a camiones del Ejército o de privados para cubrir una contingencia que ha impedido que el proceso termine ayer? El agravante es que la empresa contratada ya tenía antecedentes de dar un mal servicio.
Como señalamos en el editorial de Correo, el señor Corvetto debe irse a su casa hoy mismo, sea a través de su renuncia o de la destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pero el daño al proceso ya está hecho. Lo delicado es que situaciones como estas pueden poner en duda la legitimidad de las autoridades que tengamos durante los próximos cinco años, lo cual es letal en democracias frágiles como la nuestra y donde la inestabilidad política es pan de cada día.