Perú tiene presidentes vacados, expresidentes presos, fugaces y uno denunciado por violación, pero ahora tiene uno que asume el cargo con dos juicios orales ya programados durante su mandato. El caso de José Balcázar no es una anomalía más en la larga cadena de crisis institucionales del país: es su máxima expresión.

Los procesos que pesan sobre el nuevo jefe de Estado no son acusaciones de origen político. Hay un faltante documentado de fondos gremiales, una acusación formal de la Fiscalía, una expulsión ratificada por el Tribunal de Honor de su propio colegio profesional y una denuncia por cohecho vinculada a la exfiscal de la nación. Son antecedentes con registros concretos.

El daño a la institucionalidad y a la democracia no espera al veredicto. Se produce ahora, en la percepción ciudadana, en la señal que reciben los mercados, los organismos multilaterales y los gobiernos aliados. Un presidente que prepara su defensa legal mientras conduce el Ejecutivo no puede entregar ninguna de las dos tareas por completo.

Lo más grave no es Balcázar. Lo más grave es que el Congreso, con todas las opciones disponibles y conociendo su mochila, lo eligió de todas formas. Esa decisión dice más sobre el estado del sistema político peruano que cualquier expediente judicial.