En estos días que empieza la campaña, sería bueno que desde ahora los candidatos manifiesten qué propuestas tienen para hacer frente a un problema muy grave que nos persigue desde hace varios años, pero que por la pandemia y la crisis política que atravesamos, muchas veces parece haber pasado a un segundo plano: el de la inseguridad ciudadana que se traduce en asesinatos, asaltos, arrebatos, robos en casas y extorsiones.
Al problema de seguridad que ya arrastrábamos, se suma ahora la crisis que atraviesa la Policía Nacional, que se hizo más evidente durante la pandemia con los execrables actos de corrupción cometidos por decenas de efectivos, y con el manoseo que ha sufrido la institución tras el cuestionado pase al retiro de 18 oficiales de máxima graduación para poner en la Comandancia General del general César Cervantes.
Es necesario saber cómo va a ser afrontada la delincuencia desde el accionar policial, pero también qué se hará con los penales que son un gran foco de delincuencia activa a través de teléfonos celulares y otras formas de comunicación en el exterior. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, la mayoría de extorsiones en el norte del país se realizan desde los reclusorios de Piura, Chiclayo, Trujillo y Chimbote.
Ningún candidato que aspire con seriedad a gobernar el Perú, puede carecer de un plan integral de lucha contra la inseguridad callejera, que contemple una estrategia de coordinación con el Poder Judicial, el Ministerio Público, los gobiernos regionales y las municipalidades, a fin de acabar con el delito callejero que todos los días afecta a los ciudadanos, sin distinción.
El problema de la inseguridad en el país se agudizó a inicios del siglo, y hasta el momento ningún gobierno ha sido capaz de neutralizarlo. Todo se ha quedado en promesas, anuncios que no aterrizaron en nada concreto y experimentos sin resultados. En los tres meses de campaña, los aspirantes a la Presidencia y el Congreso deben decirle al Perú qué harán con los asesinos, ladrones y extorsionadores que andan sueltos.
