Un reto mayúsculo

Pocas circunstancias en la vida política del país han sido tan intensas como las que suceden por estos días. Las decisiones del Tribunal Constitucional, la posición enérgica de la fiscal de la Nación y las revelaciones de Luis Nava sobre la entrega de dinero de Jorge Barata al expresidente Alan García han generado un nuevo impacto en nuestra sociedad.

Sin duda, estos hechos seguirán generando polarización entre los peruanos. Es evidente que ningún país puede convivir indefinidamente con una crisis política de esta magnitud. Sin embargo, si el propósito superior es la lucha contra la corrupción, hay que agotar todos los recursos para determinar la responsabilidad de algunos personajes políticos o magistrados en actos irregulares.

En tanto, si el Tribunal Constitucional ha aplazado hasta fin de mes la ponencia sobre la demanda competencial contra la disolución del Congreso, hay que aceptarlo. Se necesita tiempo para que la evaluación y el análisis tengan más ponderación. Además, los procedimientos constitucionales, para ser indiscutibles, deben ser planteados desde el conocimiento basado en un rigor legal. Junto a las polémicas siempre debe estar presente la discusión esclarecedora. Por ello, esta institución asume un reto mayúsculo con sus decisiones. Es la encargada de reforzar los cimientos que sostengan el largo plazo de nuestro sistema.