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La forma en que el Congreso de la República tiene que elegir a los miembros del Tribunal Constitucional (TC) debe ser transparente, aunque no le preceda esta reputación. No le queda de otra.

Pedirle a un león hambriento que deje de comer es imposible, pero este Legislativo deberá sobreponer sus intereses para garantizar un debido proceso en la elección de los integrantes del TC.

Cuidar las formas es una manera de iniciar la selección de candidatos. Además del perfil profesional, se debería analizar cualquier vinculación política de cada constitucionalista, que lo descartaría de plano. No queremos que este ente de garantías jurídicas sea el enjuague bucal de ciertos apestosos.

Malas experiencias hemos tenido siempre en la conformación del TC. Y es que muchas veces la meritocracia es muy ajena al interés del Congreso. Si parte de allí la propuesta, entonces es difícil pedir que muestren cierta imparcialidad.

El país cuenta con reputados juristas, pero, lamentablemente, saben que el ingreso al sector público suele ser una parrilla caliente en la que cualquiera puede salir chamuscado. A esos deberían haberle brindado la mayor transparencia del proceso para que se animen a postular.

Así como marchan las cosas en el Parlamento, pocos buenos abogados habrían estado dispuestos a arriesgar su hoja de vida por servir al país.

Aunque sea un poco tarde para abrir la convocatoria, con la oncena de nombres que tenemos para seis puestos solo queda pasar la coladera. Y no aceptar, así como ocurrió para la Junta Nacional de Justicia, el mal menor.

Lo que sí queda claro es que este Congreso, lo más probable, haga todo lo contrario. La propuesta del adelanto de elecciones ha embrutecido a varios, quienes de ninguna manera desean dejar su escaño el próximo año. Entonces, hay una gran probabilidad de que este nuevo TC esté maquillado con personajes ligados a los intereses partidarios de las bancadas que controlan este Congreso.