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Se cumple una semana desde que el país se estremeció con la serie de audios divulgados por medios de comunicación y que embarran más la alicaída imagen de nuestro sistema de justicia, el mismo que por los frecuentes escándalos está bastante debilitado, al extremo de tenerlo en emergencia y estado de coma.

El estupor con el cual reaccionaron todos es comprensible, pues cosas que se sabían entre dientes y en la oscuridad salieron a la luz, golpeando duramente a la administración de justicia a través de sus diferentes estamentos que la conforman.

Dentro de esta tormenta, donde existe el consenso de tomar el toro por las astas para diseñar una verdadera reforma, sorprende que la actitud del Ministerio Público, a través del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, sea tener la intención de intimidar a periodistas y a medios de comunicación que revelaron estas escuchas legales al conminarlos -mediante oficio- a entregar los audios sin editar y que fueron divulgados.

No se entiende tal solicitud oficial si dicho material fue preparado por un fiscal a cargo de las investigaciones y que permitió descubrir esta red de influencias.

Quizás el pedido sea atendido; sin embargo, lo que es contraproducente es el tercer punto del oficio: “Informe quién fue la persona que les entregó dichos audios, dónde, cuándo y a través de qué medio (correo electrónico, red social, dispositivo portátil, etc.).”

Un verdadero papelón del Ministerio Público en este asunto donde se esperan respuestas y la reforma real. 

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