En cualquier país civilizado, los cuatro integrantes del Tribunal Constitucional que de buenas a primeras decidieron “interpretar” el voto de un exmiembro de ese colegiado para darle un sentido contrario al que dio su autor en 2013, para así permitir hoy que el caso El Frontón pueda ser tratado como de “lesa humanidad”, hace rato tendrían que haber sido destituidos por semejante aberración contra la legalidad que ya está en manos del Congreso.
Pero más lamentable es que la conducta de los magistrados Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos y Manuel Miranda cuenta hoy con el respaldo de cierto sector, incluyendo a sus abogados, opinólogos y medios de siempre, que consideran que el Congreso de legítima mayoría fujimorista estaría cometiendo un abuso si es que, como debe hacer, decide cortar con esta situación insólita en cualquier sistema jurídico, que además viola el principio de cosa juzgada.
Los cuatro magistrados mal hacen el presentarse hoy como víctimas de un supuesto abuso del Congreso, pues pretender cambiar el sentido de un fallo dado años atrás porque así lo creen conveniente la mencionada dama y los tres caballeros, por razones que en su momento tendrán que explicarle al país, resulta inaceptable, sea o no el fujimorismo el que mande en el Poder Legislativo.
Si el caso El Frontón, que implica a miembros en retiro de la Marina de Guerra del Perú, sigue en curso a pesar de los 31 años transcurridos, lo cual de por sí es sumamente cuestionable para nuestro sistema judicial, debe llevarse dentro de la ley y no saltándola apelando a groseras jugadas que cualquier sistema legal serio debería rechazar y sancionar.