Si hay una constante en el gobierno de Pedro Castillo es que no termina de salir de una crisis para entrar en otra que, usualmente, es provocada por los propios miembros de la gestión. Por ejemplo, horas antes de la renuncia de Luis Barranzuela al Ministerio del Interior debido a la fiesta que organizó en su vivienda, se filtraba un audio donde el ministro de Transportes, Juan Francisco Silva, ofrecía a un grupo de transportistas perdonarles una deuda de más de S/50 millones y cambiar a las cabezas de los organismos encargados de la tan necesaria y reclamada reforma del transporte.

Este gobierno habla mucho de devolverle el poder al pueblo, pero qué ejemplo daría si permite que esta facción del gremio de transportistas siga matando peruanos impunemente por 10 años más y, encima, permita que todas sus multas sean borradas.

El que esta reunión haya ocurrido y que estas propuestas se hayan dado constituye una afrenta a todas aquellas personas o familias que han perdido a un ser querido víctima de la informalidad en el transporte  y es una falta de respeto a toda la ciudadanía que tiene derecho a un servicio óptimo donde no arriesgue su vida cada vez que se sube a un bus.