En los últimos tiempos nuestro país ha demostrado ser poco fiable debido a la inestabilidad política, los cambios de presidentes, la corrupción, la crisis económica, las  radicales protestas en las regiones y la convulsión social. A esto podemos agregar el intento de rompimiento del orden constitucional y el sistema democrático de parte del exmandatario Pedro Castillo. En esta aventura ilegal presuntamente participaron también otras personas como la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, el congresista Roberto Sánchez y el exministro del Interior Willy Huerta. Por ello, el Congreso  de la República tomó la decisión de acusarlos constitucionalmente a los tres y desaforar del Legislativo a Chávez. Una decisión firme como recurso efectivo ante la intentona golpista de personas que trataron de tirarse abajo el estado de derecho cuando debían ser los garantes de ello.

La justicia decidirá en última instancia la responsabilidad de cada uno de los acusados en este atentado a la democracia. Ellos estuvieron en una ubicación clave en el dispositivo de poder a la hora que Pedro Castillo emitió su tristemente recordado mensaje en el que decidía cerrar el Congreso e intervenir las principales instituciones del Estado. Si son culpables, tendrán que pagar las consecuencias. Lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos ahora: esto no puede quedar impune porque la impunidad es un estímulo al delito.