Una decisión judicial que debe ser acatada

En base a un informe médico, la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto que el expresidente Alberto Fujimori deje la clínica de Pueblo Libre donde permanece internado desde octubre último y vuelva a ser conducido a un penal, luego de que se anulara el indulto que hace más de un año le otorgó el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski en medio de duras críticas.

Desde que la mencionada gracia presidencial quedó sin efecto, en Correo hemos sostenido que la decisión del Poder Judicial debe ser acatada, por más que consideramos, desde el punto de vista humanitario, que el exgobernante debería estar fuera de un penal tras permanecer casi once años en el reclusorio de la Diroes, en Ate-Vitarte, desde que se logró extraditarlo de Chile.

Si el Poder Judicial ha señalado, en base al informe de una junta médica, que Fujimori tiene que cumplir su condena de 25 años en un penal por los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos, y que ahí podrá ser atendido debidamente de sus males de salud, así tendrá que ser, guste o no, y sin más dilaciones como las que se han visto desde octubre último a la fecha.

Las decisiones de un juez pueden ser objeto de críticas y apeladas ante las instancias superiores para buscar revertirlas, pero no desacatadas. Es lo básico en una sociedad civilizada, por lo que es de esperarse que, con el informe de la junta médica por delante, en las próximas horas el expresidente Fujimori sea devuelto a la Diroes, o llevado a donde la autoridad penitenciaria lo disponga.