La ley que permite al Congreso y al Poder Judicial nombrar a sus propios procuradores ha generado un gran polémica. A pesar de la observación del Ministerio de Justicia, la presidenta Dina Boluarte ha tomado la decisión de dar luz verde a esta norma legal. Sin embargo, esta acción plantea serias preocupaciones en lo que respecta a la independencia y la autonomía de la Procuraduría General de la República. “Abre la puerta a situaciones en las cuales los intereses particulares terminan por encima de los del Estado”, dijo la politóloga María Paula Távara.  Es evidente que hay un grave riesgo que los intereses personales y políticos influyan en la selección de los procuradores, socavando la integridad y la imparcialidad del sistema de justicia. Lo peor para la democracia es que éstos  se conviertan en un integrante más del dispositivo de poder del Parlamento y el Poder Judicial.

A todas luces es una decisión peligrosa que pone en riesgo la independencia y la autonomía de los órganos de justicia y la capacidad de acción de defensa del Estado. Para mantener una democracia sólida y confiable, es fundamental respetar y proteger la separación de poderes y garantizar que las instituciones actúen de manera imparcial, sin interferencias políticas.

Para muchos, la ley solo demuestra el pacto de la presidenta Boluarte y el Congreso para mantenerse en el poder hasta el 2026,  en lugar de ser una medida que promueva la transparencia y la imparcialidad en el sistema de justicia.