La renuncia de Piero Corvetto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) marca un punto de quiebre en una de las crisis electorales más delicadas de los últimos años. Su salida, reclamada por Correo desde el mismo 12 de abril, no es solo un desenlace personal, sino una señal necesaria para intentar recomponer la confianza en un sistema que venía dando muestras preocupantes de deterioro. Cuando la transparencia se pone en duda, la continuidad se vuelve insostenible.

Las irregularidades denunciadas —mesas que no se instalaron, actas abandonadas, ciudadanos impedidos de ejercer su derecho al voto— no pueden ser minimizadas ni relativizadas. No se trata de errores menores ni de fallas aisladas: son hechos que golpean el corazón mismo del proceso democrático. En ese contexto, la permanencia de Corvetto no hacía más que profundizar la desconfianza y tensar un clima político ya crispado. Su gestión terminó siendo más un factor de conflicto que una garantía de orden.

Sin embargo, su renuncia no cierra la crisis; apenas abre la posibilidad de empezar a enfrentarla. El daño a la credibilidad institucional ya está hecho, y su reparación exigirá algo más que un cambio de nombres. La ONPE deberá demostrar, con hechos concretos, que puede recuperar su rol como árbitro confiable, especialmente de cara a una segunda vuelta que exige condiciones impecables.