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La denuncia del presunto plagio que habría cometido el fiscal José Domingo Pérez en su tesis para obtener una maestría en Derecho Constitucional, en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, debe investigarse de manera técnica y de ser el caso aplicarse sanciones, más allá de si el personaje nos cae bien o mal, pues estamos hablando de un eventual delito penal, aparte de la grave falta a la ética.

Esta misma postura la tuvimos en Correo en el verano del 2016, cuando se conocieron las denuncias de plagio contra el entonces candidato presidencial César Acuña. Se le acusó de apropiarse del contenido completo de un libro y de haber plagiado en su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. No vemos por qué hoy se tendría que actuar de otra manera frente al fiscal Pérez.

Sería un craso error pasar por alto la denuncia y las evidencias por el hecho de que el fiscal Pérez tiene en sus manos casos emblemáticos en materia de lucha contra la corrupción, o porque tiene contra las cuerdas a personajes políticos como Keiko Fujimori o Alan García. Todos somos iguales ante la ley, más allá de simpatías o antipatías.

El caso tiene que ser analizado y debatido sin apasionamientos. Por lo que se ha conocido hasta ahora respecto a la tesis del fiscal Pérez, sí existen elementos muy cuestionables, por más que muchos no los quieran ver y acusen una campaña orquestada contra quien consideran un bastión en la lucha contra la corrupción.

Tenemos leyes que sancionan este tipo de situaciones y estas, de ser el caso, deben aplicarse al pie de la letra.