La denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte ha desatado múltiples reacciones. Los defensores de la mandataria consideran la decisión del Ministerio Público apresurada, inconstitucional, una “cortina de humo” y hasta “una persecución sistemática”. Por otro lado, algunos ven esta denuncia como el resultado de una investigación fiscal sólida que debe escalar a otros niveles para que Boluarte sea destituida.

Los documentos presentados por la Fiscalía incluyen testimonios y argumentos que comprometen seriamente a la presidenta en el caso de los relojes Rolex. Esto no hace más que reflejar el deterioro de la imagen presidencial y la creciente desconfianza de la ciudadanía. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 92% de los peruanos estima que este gobierno es peor o igual que los anteriores.

Es un hecho conocido que el Congreso no actuará para darle curso a esta denuncia constitucional y que una sanción penal contra Dina Boluarte por cohecho pasivo solo será posible una vez que termine su mandato. No obstante, este caso pone sobre la mesa un presunto delito de enriquecimiento ilícito, además de un negociado bajo la mesa que no puede ser ignorado.

La situación actual exige una respuesta clara y contundente del Ejecutivo y Legislativo. La inacción del Congreso ante la denuncia constitucional es un recordatorio de la falta de voluntad política para enfrentar la corrupción de manera decidida.