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De la misma forma en que el presidente Pedro Pablo Kuczynski cometió un gran error al no responder en persona las preguntas de la comisión “Lava Jato” del Congreso, el fujimorismo se ha disparado a los pies al denunciar constitucionalmente al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, cuando su lideresa Keiko Fujimori se encuentra bajo investigación.

Ahora hay sectores que hablan, de forma exagerada, hasta de un intento de golpe de Estado, lo que sin duda enrarece el ambiente a nivel doméstico e internacional, pues suman este asunto a la necesaria y válida denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que pretendieron cambiar el sentido de un voto emitido hace cuatro años.

Algunos han llegado a comparar esto último con el ilegal y escandaloso ataque lanzado por el gobierno de Alberto Fujimori y su socio Vladimiro Montesinos contra el TC a fines de los años 90, como represalia al rechazo de este colegiado al inconstitucional intento de reelección del entonces mandatario, algo que se concretó en el año 2000.

Es evidente que la Fiscalía no avanza como debería, pues ha pasado un año y son muy pocas las personas, y sobre todo las empresas locales y extranjeras, a las que se ha podido alcanzar. Sin embargo, apelar a eso para denunciar constitucionalmente al fiscal Sánchez parece un despropósito, que además se da en un momento que se presta a muchas suspicacias.