En medio de la pandemia de coronavirus que golpea al mundo y que en el Perú ya ha cobrado 18 vidas en menos de un mes, ha pasado casi desapercibido el hecho de que Estado Unidos haya acusado al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su camarilla de ser parte de una red de tráfico de cocaína, por lo que incluso ofrece 15 millones de dólares por facilitar su arresto.

Junto al tirano, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha señalado como parte de esta red criminal al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el chavista rabioso Diosdado Cabello; al ministro de Defensa, Vladimir Padrino; y al titular del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno. Por todos ellos se ofrece una recompensa.

Quizá sea muy aventurado afirmar que esta acusación por tráfico de drogas contra la cúpula chavista sea el paso previo a una invasión como sucedió en Panamá en 1989 para arrestar al “hombre fuerte” Manuel Antonio Noriega. Sin embargo, cualquier acción en contra de la tiranía impresentable a cargo de Maduro, tiene que poner por delante la seguridad de la golpeada población venezolana.

Maduro y su dictadura tienen que caer, pero cuidado con los “daños colaterales” que pueda tener una intervención armada frente a una camarilla aun poderosa que sabe que le esperan varios años en una prisión federal de Estados Unidos. El mundo está en crisis por una pandemia, como para que haya hoy más situaciones extremas que afrontar.