Mientras el Gobierno, el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial intensifican sus disputas, el país se desangra por la arremetida de la criminalidad. En un contexto donde la violencia delincuencial ha alcanzado niveles alarmantes, la necesidad de coordinación e integración entre los poderes del Estado se hace más urgente que nunca. Sin embargo, en el Perú, lejos de consolidar esfuerzos conjuntos, las instituciones parecen enfrascadas en una guerra de intereses que solo profundiza la crisis.

El descontento ciudadano es evidente. Según la última encuesta de Ipsos, el 89% de los peruanos considera que el país marcha sin un rumbo definido. Esta percepción no es gratuita. La falta de acuerdos y la ausencia de una estrategia clara para combatir la delincuencia han generado una sensación de abandono en la población. Nadie espera una alianza política entre los actores en disputa, pero sí un entendimiento básico que permita enfrentar con eficacia esta emergencia nacional.

En democracia, el poder se otorga con la expectativa de resultados. Si estos no llegan, la legitimidad de las autoridades se erosiona de manera irremediable. Hoy más que nunca, no basta con planes o discursos; se requiere la capacidad real de articular un consenso entre las instituciones responsables de nuestra seguridad. Es imperativo que los líderes políticos y las autoridades de los distintos poderes dejen de lado sus diferencias y trabajen en conjunto por el bienestar del país.