Mientras la atención de los peruanos se concentra en los debates presidenciales y la dinámica electoral, una decisión de alto impacto económico ha confirmado el populismo del presidente José María Balcázar, quien promulgó la ley que otorga CTS y gratificaciones a los trabajadores CAS, un régimen concebido originalmente como temporal. La medida, presentada como un avance en derechos laborales, reabre el debate sobre la sostenibilidad fiscal y el uso responsable de los recursos públicos.

La decisión resulta aún más llamativa si se considera que el propio ministro de Economía, Gerardo López Gonzales, había advertido que el Ejecutivo evaluaría la norma bajo criterios de sostenibilidad. Sin embargo, la promulgación sugiere que dichas advertencias no fueron determinantes en la decisión final.

Más allá del beneficio inmediato para un sector de trabajadores, lo cierto es que la medida plantea serios interrogantes sobre su financiamiento. De acuerdo con el exministro Luis Miguel Castilla, la implementación de estos beneficios generaría un gasto no presupuestado superior a los 3 mil millones de soles.

El desafío, entonces, no es únicamente reconocer derechos, sino hacerlo de manera sostenible y equitativa. Cuando las políticas públicas responden más a la coyuntura que a una visión de largo plazo, el riesgo es comprometer la estabilidad económica del país.