En el primer día del juicio contra el expresidente Martín Vizcarra, la Fiscalía ha dejado al descubierto una acusación que no solo es contundente sino también indignante: el exmandatario habría recibido 2.3 millones de soles en coimas por dos obras realizadas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La gravedad de estas imputaciones subraya una vez más el oscuro panorama de la corrupción en el Perú y el alto precio que paga la ciudadanía por la falta de integridad de algunos de sus gobernantes.

En una maniobra lamentablemente común en el país, Vizcarra ha optado por trasladar el proceso judicial al ámbito político, intentando desviar la atención de las acusaciones que enfrenta. En una declaración desafiante, el exmandatario afirmó: “Acá estaré, no me internaré en una clínica ni tampoco me voy a autoeliminar”, insinuando que la justicia es el agresor y no él quien debe responder ante la ley. Esta narrativa, sumada a su declaración de “persecución política,” es un intento burdo, torpe y repetido por aquellos atrapados en flagrantes escándalos de corrupción que buscan confundir a la opinión pública y desacreditar el sistema judicial.

Es urgente que los órganos de justicia actúen con firmeza y transparencia para evitar cualquier intento de manipulación. El Perú no puede continuar siendo una tierra fértil para la rapiña política.