Tras la masacre en la Compañía Minera Poderosa, en el distrito liberteño de Pataz, el gobierno anunció una serie de medidas para hacer frente a la inseguridad ciudadana y al crimen organizado que campea en la zona. También reveló, con bombos y platillos, que se había detenido a varios implicados en el cruento ataque que dejó nueve muertos y más de una decena de heridos.

Ahora se ha hecho público que los detenidos no están implicados en dicho ataque y que si bien fueron encontrados con armas que carecían de registro, los mandos policiales a cargo de las pesquisas dieron “información no corroborada” al ministro del Interior y todo su comando.

Este eufemismo hace que nos preguntemos si quienes dieron esta información no lo hicieron para intentar demostrar que el crimen organizado no los ha superado.

¿Habrá alguna sanción para el que inició esta mentira? Esperemos que sí, pero también necesitamos respuestas firmes y coherentes para hacer frente no solo a la minería ilegal sino también a toda la economía paralela que se forma con este ilícito.

La zona minera de la sierra de La Libertad, una de las mayores productoras de oro del país, está en camino a convertirse en un segundo VRAEM, si el gobierno no hace algo pronto.