Ayer los peruanos que creen en la democracia y el orden han recibido un excelente regalo de Navidad: la destitución de 312 subprefectos de todo el país, muchos de los cuales eran, en buena cuenta, agitadores y defensores del vacado Pedro Castillo, quien usó el Estado y sus recursos para contar con funcionarios serviles capaces de salir en su defensa cuando su situación legal y política se le complique.

Tengamos en cuenta de varios de los prefectos y subprefectos nombrados por Castillo incluso tenían nexos con bandas terroristas. Esto se advirtió desde hace mucho, incluso desde la gestión de Avelino Guillén al frente del Ministerio del Interior, pero nadie hizo caso. Este exfuncionario y otros deberían responder por esas designaciones.

Castillo, como buen agitador y revoltoso profesional, creyó que teniendo en provincias a ganapanes que por un puesto de trabajo serían capaces de movilizar gente para atacar al Congreso y al Ministerio Público, podría salvarse de la cárcel. Sin embargo, se equivocó.

Tras el desastroso gobierno de Castillo y el uso del Estado para fines politiqueros y de ataque a otros poderes públicos, debe quedar como lección para los políticos que nunca más de debe presentar una situación como esta, nunca más los recursos de todos los peruanos deben usarse para blindarse dando trabajo a los amigos y amigotes.

Pero más allá de eso, los responsables de estas designaciones deberían responder ante el Congreso y el Poder Judicial. Poner gente cercana al terrorismo en cargos públicos y pagarles un sueldo, no puede quedar impune.