Opinión

Una nueva “otorongada”

COLUMNA: IVÁN SLOCOVICH

15 de Marzo del 2019 - 07:30 IVÁN SLOCOVICH PARDO

Lo que hemos visto en los últimos días es un escándalo. La denuncia de cobros indebidos comenzó con seis congresistas, pero ahora se sabe que se había convertido en una práctica común el recibir un dinero por realizar una labor de representación, que en muchos casos no se realizaba o se hacía a medias. Es una “criollada” más, una “otorongada” más de nuestro Congreso. Sin embargo, dudo que se pueda hacer mucho para llegar al fondo de este asunto.

Acá ya ha intervenido el Ministerio Público, al menos en el caso de los seis primeros congresistas mencionados en un reportaje de televisión. No obstante, como los legisladores tienen inmunidad parlamentaria, poco o nada se podrá hacer. En el caso extremo de que se pida levantar esta protección constitucional a los implicados, tendría que ser con los votos de sus colegas que también habrían recibido montos de manera irregular. Ya lo sabemos: otorongo no come otorongo.

De otro lado, si interviene la Contraloría General de la República, a lo mucho podrá emitir un informe señalando como responsables a los funcionarios y empleados que efectuaron los pagos a los congresistas por los trabajos no realizados. En ese caso, despedirán a algunos de estos trabajadores y los 130 legisladores se lavarán las manos. Tengamos en cuenta que varios de los implicados ya están diciendo que todo se ha tratado de un “error administrativo”.

Los congresistas no se han dado cuenta de lo sensible que es la población en relación con el dinero que estos reciben. Parece que vivieran en otra realidad. Eso de asignar a un parlamentario un monto para que realice cinco días de representación aunque al final haga apenas uno o dos y se le pague lo mismo es una patada a los peruanos, tan contundente como cuando Leyla Chihuán salió a decir que su sueldo de parlamentaria no le alcanzaba para cubrir sus gastos.

El artículo 387 del Código Penal es muy claro al señalar que el funcionario o servidor público que se apropie de dinero o de bienes que le sean confiados en razón de su cargo recibirán una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel; pero como estamos en el Perú y los congresistas tienen una inmunidad que debería ser levantada por ellos mismos, acá no pasará nada. Habría que ser muy ingenuo para creer que este escándalo terminará con una sanción a los verdaderos implicados.

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