El miércoles último en El Comercio, el constitucionalista Natale Amprimo ha hecho una propuesta muy viable para salir de la vergonzante situación en que se encuentra el Ministerio Público, donde hay bandos que abiertamente se disputan el poder de una institución politizada, perforada por intereses oscuros, con gente sin mayores pergaminos académicos y que desde hace más de siete años investiga casos de corrupción flagrantes y escandalosos que no han aterrizado en una sola sentencia ni en primera instancia.
La idea es convocar a los expresidente del Tribunal Constitucional (TC) de todas las tendencias, para que temporalmente hagan la función de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que en estos momentos no ofrece garantías mínimas para buenos procesos de selección. Su función sería la de elegir a los nuevos miembros de la Junta de Fiscales Supremos entre abogados probos, de valía y con liderazgo, en reemplazo de sus actuales miembros, que en buena cuenta son los responsable de la crisis del Ministerio Público.
La llamada a cambiar a los fiscales supremos sería la JNJ. Sin embargo, esta entidad es un desastre que también tiene que ser reformada de pies a cabeza. Fue la que nombró a Patricia Benavides como gran estrella, para luego sacarla por graves irregularidades. Dicha institución también es la responsable de que en todas las instancias del sistema de justicia tengamos a fiscales y jueces a los que les encanta liberar a asesinos, extorsionadores y ladrones como lo que tienen acorralados a los peruanos.
Tampoco podríamos confiar de una reforma que venga del Congreso. ¿O es que alguien cree que “niños”, “mochasueldos”, defensores de delincuentes y golpistas, piratas ajenos de textos, profesores jalados, viajeritos y juergueritos van a sacar de la crisis al Ministerio Público? Es por eso que hace falta adoptar medidas excepcionales y transitorias como la que plantea el constitucionalista Amprimo. La idea es refundar una institución que se ha convertido en un lastre en la lucha contra la corrupción y la criminalidad común.
Es necesario un acuerdo político para aplicar propuestas como estas, a fin de que más temprano que tarde tengamos un Ministerio Público despolitizado, honesto, garante de procesos justos, y que no se quede en shows para las cámaras, interferencias de ONGs en las investigaciones, actos de indisciplina, pedidos de prisiones preventivas que luego son revocados y la aplicación de leguleyadas para sacar del camino a los rivales. Todo esto tiene que ser un mal recuerdo, pero hay que actuar ya.