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De los muchos anuncios que hizo el sábado último el presidente Martín Vizcarra con motivo del aniversario patrio, hay uno que no ha causado mucho revuelo en medio de tantas reformas como las que son pretendidas por el Poder Ejecutivo, que ha planteado nada menos que reformar íntegramente el sistema de justicia y hasta el Congreso a través de una reforma constitucional para impedir la reelección de los legisladores.

Me refiero a la reforma que se busca hacer en la Oficina de Normalización Previsional (ONP), ese ente burocrático que quizá sea el brazo más cruel y de conducta absurda de un Estado que muchas veces parece diseñado especialmente para castigar a sus ciudadanos, hasta que se cansen y desistan de exigir sus derechos, si es que antes no les llega la muerte sin haber logrado una pensión que en la mayoría de casos apenas supera un sueldo mínimo.

Ojo, no digo que los funcionarios de la ONP sean crueles y despiadados con los jubilados que tienen la desgracia de llegar a sus oficinas a reclamar sus pensiones, pues son las propias normas vigentes las que obligan a que esa institución actúe de manera absurda, y en muchos casos se vea en el Poder Judicial enfrentando a humildes jubilados que con las justas tienen para pagar a un abogado, a fin de tratar que les reconozcan una pensión.

Tengamos en cuenta que, con el Poder Judicial que tenemos, las demandas de los adultos mayores pueden tardar años. Por eso, es una acertada medida que el presidente Vizcarra haya dicho que en 15 días la ONP le presentará un plan de descarga procesal, a fin de evitar que esta entidad siga siendo el garrote con el que el Estado golpea a los extrabajadores, en lugar de darles las facilidades para una vejez digna y sin angustias generadas por quienes deberían darles una mano.

En años anteriores, durante el segundo gobierno aprista, hubo un intento por desjudicializar los reclamos de los jubilados ante la ONP, con los cuales los únicos que salían ganando eran los estudios de abogados contratados con plata de todos los peruanos para enfrentar a los adultos mayores. Sin embargo, no se pudo avanzar mucho. Es de esperarse que esta vez sí haya luz al final del túnel y que el Estado deje de actuar como un verdugo.