Mientras continúan los ataques contra el transporte público y la violencia cobra vidas de choferes y pasajeros, el Gobierno de Keiko Fujimori ha anunciado la creación de un Comando Unificado de Lucha contra la Criminalidad, integrado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Es una respuesta que busca transmitir decisión frente a una ciudadanía cansada de vivir con miedo.

La fuerza del Estado, sin embargo, no termina en la captura. Allí comienza otra etapa igualmente importante: fiscales y jueces deben investigar, procesar y sancionar a quienes resulten responsables, respetando el debido proceso y las garantías de la ley. De poco servirá desplegar efectivos en las calles si los detenidos terminan nuevamente libres por investigaciones deficientes, expedientes mal sustentados o decisiones que no permitan llegar a una condena. La lucha contra el crimen necesita inteligencia, Policía, Ministerio Público, Poder Judicial y un sistema penitenciario capaz de impedir que las cárceles sigan siendo centros de operaciones delictivas.

Y en esta tarea el Congreso también tiene una responsabilidad que no puede eludir. La seguridad no debería convertirse en otra disputa política ni en un motivo para bloquear iniciativas que puedan contribuir a enfrentar al crimen, pero tampoco en una excusa para renunciar a la fiscalización. Gobierno y Parlamento deben encontrar los puntos de coincidencia que permitan actuar con rapidez, dentro de la Constitución y la ley.