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Desde que se conoció la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de remover a los fiscales José Vela Barba y José Domingo Pérez del caso “Lava Jato”, se han reclamado acciones para retirar al titular del Ministerio Público, o al menos neutralizar sus decisiones. No obstante, es necesario actuar siempre dentro de la ley y la institucionalidad, más allá de la indignación de la gente, que pide tomar todo tipo de medidas.

Recordemos que el Ministerio Público es un ente constitucionalmente autónomo, por lo que una intervención del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, sin que se sigan los procedimientos establecidos por la Carta Magna, sería contraproducente y daría pie a que desde algunos sectores políticos se denuncie un manoseo ilegal. Ayer el presidente Martín Vizcarra ha hecho un anuncio, y es de esperarse que contribuya a solucionar la crisis.

En Correo hemos sostenido, desde hace varios meses, que la permanencia de Chávarry al frente del Ministerio Público es contraproducente, especialmente desde que se le inició investigación por ser un presunto miembro de “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Sin embargo, hemos añadido siempre que su salida debe de ser de acuerdo a la ley, ya sea por decisión de la Junta de Fiscales Supremos, del Congreso o del ente que reemplace al Consejo Nacional de la Magistratura.

El país vive momentos críticos tras la decisión del fiscal Chávarry, y es necesario actuar con cautela desde Palacio de Gobierno y el Congreso. Urge adoptar medidas para evitar que la Fiscalía siga sin generar confianza en materia de lucha contra la corrupción, pero respetando la tan reclamada institucionalidad.